«Muchas son las leyes en un estado corrompido».
(Tácito)
En una notaría se hacen diversos trámites, desde la simple legalización de una fotocopia hasta complejas formalizaciones de compra-venta de inmuebles o transferencias vehiculares. Entre todos estos procedimientos está la sucesión intestada, también conocida como declaratoria de herederos. Este trámite se lleva a cabo cuando alguien fallece sin dejar un testamento, siendo su objetivo el determinar legalmente quiénes son los herederos y cómo se distribuirán los bienes del difunto.
El proceso suele ser bastante simple. Un presunto heredero, por ejemplo, un cónyuge, se acerca a la notaría con una solicitud. En ella, identifica a los supuestos herederos y adjunta la documentación que certifica tanto el fallecimiento del causante como el vínculo entre ellos. En el caso de un cónyuge, esto sería el acta de defunción emitida por la Reniec y la partida de matrimonio expedida por la municipalidad correspondiente. Una vez recibidos, los documentos se someten a un proceso de verificación. Y es aquí donde comienza esta historia, tan breve como alucinante.
Un buen día, un señor se presentó en la notaría afirmando que su esposa había fallecido. La abogada encargada, con la diligencia habitual, accedió a la página web de la Reniec para verificar la autenticidad del acta de defunción. La comprobó, confirmó su validez y la imprimió para el expediente. Todo parecía en orden; la propia Reniec certificaba el deceso de esa persona.
El trámite de sucesión intestada siguió su curso con total normalidad. Pero, aproximadamente cuatro meses después, una mujer se presentó en la notaría. Para sorpresa de todos, se identificó como ¡la supuesta fallecida! La incredulidad nos invadió. Para disipar cualquier duda, se le pidió que colocara su huella en el lector biométrico. El sistema no mintió: era ella.
Con la mayor delicadeza posible, y pidiendo de antemano que no se ofendiera, le explicamos a la señora que, según los registros oficiales, ella estaba «fallecida». Le mostramos el acta de defunción impresa directamente de la página de la Reniec, la misma entidad estatal que la declaraba muerta. Sin embargo, era más que evidente que la señora no estaba muerta; por el contrario, ¡estaba vivita y coleando!
A pesar de que el error no fue nuestro —las notarías basan sus trámites en documentos oficiales—, no pudimos ocultar nuestra sorpresa y le ofrecimos disculpas.
Afortunadamente, no se había dispuesto de ninguno de sus bienes. Nuestra primera acción fue notificar a los Registros Públicos para que anularán esa sucesión intestada.
Simultáneamente, enviamos una carta a la Reniec, adjuntando toda la documentación y exigiendo una investigación exhaustiva por su grave error de «matar» a una persona que, claramente, gozaba de buena salud y estaba a punto de iniciar, con toda la razón, un proceso legal contra esa entidad gubernamental.
Tiempo después, nos enteramos que lo ocurrido no fue un simple error de digitación. Existían (tal vez hasta ahora) funcionarios que, por una «módica suma», podían modificar los datos de los ciudadanos en la web. Algo increíble, aunque en este país nada debería sorprendernos. Incluso salieron varios reportajes en televisión revelando otros casos similares.
Hace poco me enteré que la señora “muerta-viva” está ya en pleno juicio clamando por una sanción para esos trabajadores públicos y esperamos que todo ello sirva para que el gobierno se ponga las pilas y controle mejor a su gente.
No queremos más falsos fallecidos ni que mucho menos algunos malos cónyuges se pasen de “vivos”.
¡Arriba Perú!
